Artículo publicado hoy por el Diario La Nación (Buenos Aires)
Treinta años de democracia ininterrumpida es tiempo suficiente para organizar la vida pública y saltar al futuro. Muchos países han sabido hacerlo. No es nuestro caso. Política, Confianza y Participación son pilares para la construcción de una democracia de calidad. La Encuesta Mundial de Valores realizada en 2013 por Voices revela que estamos lejos de lograrla y nos interpela como sociedad.
De seis aspectos evaluados, la política resultó ser lo menos apreciado: “familia (99%), amigos (88%), trabajo (88%), tiempo libre (77%), religión (57%) y, por último política (31%).”
El 30 de diciembre de 1983 vivimos un comprensible encantamiento colectivo: ilusiones de cambio, expectativas de mejora social permanente. Creímos que habíamos “llegado” sin entender que la democracia no es la solución mágica sino el marco formal que nos permite convivir en paz, corregir los errores del pasado y abrir la posibilidad de encontrar, entre todos, los mejores caminos para un desarrollo equitativo y sustentable. Triunfó la “idea” de la democracia, a la democracia real tendríamos que construirla a partir de allí. Pero dejamos la política -quehacer para resolver los problemas de la convivencia colectiva- en manos de “otros”. Su dirigencia aparece hoy obsoleta, poco dispuesta a considerar cambios cualitativos y con horizontes temporales limitados: la fecha de la próxima elección. Los políticos honestos no logran visibilidad porque, en general, los que ocupan el centro de la escena son aquellos que responden a “lo que mide bien” en las encuestas. La ciudadanía -de baja intensidad-, desconoce sus derechos y sus obligaciones, ha establecido una conflictiva y confusa relación entre lo público y lo privado y asocia la política –muchas veces con razón- a conveniencias personales, negociaciones poco transparentes, impunidad, corrupción, discrecionalidad y falta de idoneidad. La consecuencia ha sido que, como sociedad, no supimos generar una dinámica de acción colectiva eficiente ni materializar los valores de la forma superior de legalidad que constituye el estado de derecho. Y, con la política cada vez más devaluada, vamos transitando un camino de frustración colectiva.
De todas maneras, hay un dato alentador: “vemos que “hasta 1999 hay una disminución constante del interés de los argentinos por la política: bajando del 43% en 1984 al 18%% en 1999 (es decir casi la mitad menos que al comienzo de la democracia).” “…luego de la crisis de 2001 vuelven a subir los interesados y se revela una tendencia creciente hasta la fecha (22%) en 2006 y 33% en la última medición.”
Si bien la más de las veces se actúa como si lo público fuera de nadie y con la creencia de que lo que ocurre en la arena pública afecta poco o nada a nuestra vida privada parece que vamos comprendiendo que aunque decidamos no ocuparnos de la política, la política se ha de ocupar de nosotros. Equidad, empleo, seguridad, salud, educación no pueden disociarse de su ejercicio.
Pero el leve aumento del interés en la política no es suficiente Se impone resignificarla en su espíritu y acción para que sea considerada el servicio indispensable para la articulación de legítimos intereses sociales; que se constituya en un quehacer que atraiga a los mejores, por su talento y aptitud técnica y, sobre todo, por su calidad humana, en suma: que sea un orgullo y otorgue prestigio dedicar tiempo a formarse para su ejercicio.
Una sociedad que genere mejores políticos renovará y hará confiables sus reglas de juego, es decir, sus instituciones. Del estudio se desprende que, a nivel general, hay más desconfianza que confianza entre los argentinos. “En 9 de las 11 instituciones medidas son mayores los porcentajes negativos que los positivos. Las que registran mayor nivel de confianza son el Sistema de Enseñanza (confía el 59%) y la Iglesia, (el 52%), y con un mayor predominio de menciones negativas le siguen la Prensa Escrita (confían el 38%), las Grandes Empresas. (36%) y las Fuerzas Armadas (30%). Todavía más atrás se ubican el Parlamento (el 26%) y la Policía (25%). Finalmente, las instituciones que registran los guarismos más bajos son la Justicia (19%), los Sindicatos (17%), los Funcionarios Públicos (17% ) y, por último los Partidos Políticos (16%).”
Las instituciones son el elemento ordenador y básico de una comunidad. Es el conjunto de reglas formales e informales y sus mecanismos de ejecución. Si bien la democracia está consolidada en Argentina, la calidad de las instituciones es muy baja. Es imperativo modificarlas, modernizarlas, adaptarlas para el cumplimiento de su misión. En todos los casos deberán contener un accionar transparente y efectivo, con adecuada agrupación de funciones y responsabilidades, en los niveles nacional, provincial y municipal. No puede haber buenas políticas si no hay buenas instituciones.
Al comienzo de la recuperación de la democracia la ciudadanía evidenció una gran predisposición a confiar, en 1984 “eran el Congreso (73%) y la Justicia (59%) las instituciones en las que más confiaba la población mientras que esas mismas entidades aparecen hoy con muy bajo nivel de credibilidad (26% y 19% respectivamente). También era elevado en 1984 el nivel de confianza en los Funcionarios (50%), que también hoy se encuentran desacreditados (17%).”
El Sistema de Enseñanza y la Iglesia mantienen en 2013 iguales y elevados niveles de credibilidad. Lo preocupante es que la mayor baja de confianza se evidencia en aquellas instituciones que son medulares para la democracia: Parlamento, Justicia, Funcionarios y Partidos Políticos!
“La tendencia muestra que mientras que la participación en organizaciones religiosas, educativas o culturales se ha mantenido en niveles similares con relación a 1984 y en algunos casos inclusive ha crecido (organizaciones religiosas), en lo que hace a la participación en partidos políticos se registra una merma paulatina.” “Así vemos como al comienzo del periodo un 5% se definía como miembro activo y hoy solo un 2% lo hace de la misma manera.”
Si declinó la participación en partidos políticos ¿cómo se explica que haya un aumento -aunque mínimo- en el interés hacia la política? “El mayor interés por la política se canalizaría en otras formas de participación no institucional por ejemplo a través de manifestaciones.” ¿Pero es esta la participación que puede generar cambios? Difícilmente. La participación transformadora es un proceso complejo que involucra a cada ciudadano en la formación de opinión y de juicios sobre las decisiones públicas. Actualmente se habla de “compromiso ciudadano” -como etapa superior de la participación- para definir a las acciones y programas promovidos desde el espacio público estatal que incluyan y propicien la participación de los ciudadanos en las diferentes etapas de las políticas públicas. Los métodos y herramientas son múltiples y pueden aplicarse en diferentes etapas del proceso de construcción de una política pública: en su fase de diseño, de decisión, de implementación y/o de monitoreo y control. Tenemos poco de esto.
Política, Confianza, Participación, se entrelazan de manera virtuosa. Cuando la participación ciudadana encuentra estímulos y canales adecuados, se pone en marcha un proceso que relegitima a la política, impulsa la mejora de las instituciones, aumenta la confianza. Juan Bautista Alberdi escribió: “Enemigos son los que no reconocen la Argentina auténtica”. Si queremos superar nuestras frustraciones y recrear lo bueno y mucho que tenemos, nos debemos una “conversación nacional” para aprender a trabajar juntos sobre el país real para llegar al país que soñamos.
miércoles, 30 de octubre de 2013
sábado, 8 de diciembre de 2012
El acceso a la información es un derecho humano
Artículo publicado hoy por el Diario La Nación (Buenos Aires)
Los derechos humanos son bienes básicos que incluyen a toda persona por el hecho de su condición humana; son lo que necesitamos para vivir dignamente: alimentación, salud, educación, empleo, medio ambiente sano, libertad de expresión... Se reconoce a estos derechos su carácter histórico, inalienable, imprescriptible, universal, indivisible, dinámico, progresivo e interdependiente. Estas características hacen de los derechos humanos, a medida que han sido reconocidos, una cobertura integral para cada persona. Y al ser interdependientes, la violación de uno solo de ellos repercute en múltiples violaciones. No se le puede decir a una persona: te respeto este derecho humano, este otro más o menos y aquel otro nada.
Una democracia de calidad implica reconocimiento y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos. De todos los derechos humanos. Y el acceso a la información pública es uno de ellos. Ya nadie discute este carácter desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude Reyes y Otros vs. Chile" el 19 de septiembre de 2006 lo reconoció como derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El fallo, que tuvo gran repercusión internacional, incorporó varios estándares que ya habían sido reconocidos por otros organismos especializados, por ejemplo, el derecho de las personas -sin necesidad de acreditar un interés directo o una afectación personal- a solicitar información y reafirmó, asimismo, la obligación del Estado de suministrarla.
La doble vertiente de este derecho fundamental, como derecho individual de toda persona y como obligación positiva del Estado de entregar la información solicitada, salvo legítima restricción, provee la seguridad jurídica que reclama una democracia de calidad. Además, es instrumental, es decir, constituye un prerrequisito ineludible para poder ejercer otros derechos -tanto sociales como económicos- y para la efectiva participación ciudadana en las decisiones públicas.
Actualmente, 90 países del mundo cuentan con leyes que regulan el acceso a la información; de ellos, 14 son de Sudamérica y Centroamérica. Dada la relevancia de este derecho, algunos de estos países han creado entes autárquicos que funcionan como autoridad de aplicación. En la Argentina, el decreto 1172 de diciembre de 2003 impone al Poder Ejecutivo que los organismos bajo su jurisdicción respeten el derecho de toda persona de requerir, consultar o recibir información. Este decreto hace ya un par de años que ha dejado de cumplirse y la autoridad de aplicación que esa normativa designaba -la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia-, de la que fui su titular entre 2003 y 2009, ha sido desvirtuada y mandada a cumplir menesteres que nada tienen que ver con lo que el decreto indicaba. En cuanto a las provincias, algunas cuentan con una ley; Santa Fe y Salta tienen un decreto aplicable al Poder Ejecutivo provincial y unos pocos municipios han sancionado ordenanzas al respecto.
Si bien en algunos lugares hay esfuerzos y adelantos, en general, el cumplimiento de la normativa mencionada es dispar y limitado porque la cultura de la transparencia y de la participación, de la que el acceso a la información es un componente imprescindible, es directamente proporcional a la cultura cívica de la ciudadanía y al estado de desarrollo democrático de un país.
En cuanto a cultura cívica: el conocimiento de la ciudadanía sobre el acceso a la información como derecho es mínimo. El Informe del año 2002 sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas en la Argentina afirma que el 1% de los encuestados (sí, sólo el 1%) menciona el derecho a la información como un derecho relevante para la democracia. Y de ese porcentaje, sólo unos pocos saben cuáles son los canales adecuados para exigir información. Estos números no han variado en los últimos años. Y en cuanto a calidad democrática, ésta se mide por la calidad de las instituciones, es decir, por la forma en que quienes habitan una comunidad han sabido organizar su vida pública; son las reglas de juego y los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego. Huelga decir que también en este aspecto la debilidad es enorme.
Como se puede apreciar, hay una gran tarea pendiente que requiere decisión política de los actores gubernamentales y de compromiso leal, activo y sincero de todos los actores sociales. No alcanza con la sanción de una ley. No será suficiente porque el acceso a la información implica la modificación de comportamientos, hábitos y expectativas que trascienden su consagración en normas. El desafío consiste no solamente en generar transformaciones en el Estado, fundadas en que la información no es propiedad de los funcionarios, sino que es patrimonio de todos; también implica alentar el compromiso cívico, procurando que el derecho a saber se difunda horizontalmente como parte de una noción más amplia: una efectiva participación ciudadana en las decisiones públicas.
Hubo avances y retrocesos en este tema, pero falta mucho más porque se trata de un proceso complejo, de recreación de confianzas recíprocas en el que se van articulando reglas formales e informales mediante las cuales se estructuran las relaciones entre los agentes sociales. Es una construcción colectiva, que debe ser mirada con perspectiva histórica. Nadie puede mirar para otro lado, pero, sobre todo, el Gobierno no debe declamar derechos humanos, sino que las instituciones del Estado, que el Gobierno administra, deben ofrecer garantías para su ejercicio. El acceso a la información es un derecho humano más y no se respeta; por consiguiente, nadie en su sano juicio puede decir hoy que los derechos humanos tienen vigencia plena en la Argentina. Queda un largo camino por recorrer.
Los derechos humanos son bienes básicos que incluyen a toda persona por el hecho de su condición humana; son lo que necesitamos para vivir dignamente: alimentación, salud, educación, empleo, medio ambiente sano, libertad de expresión... Se reconoce a estos derechos su carácter histórico, inalienable, imprescriptible, universal, indivisible, dinámico, progresivo e interdependiente. Estas características hacen de los derechos humanos, a medida que han sido reconocidos, una cobertura integral para cada persona. Y al ser interdependientes, la violación de uno solo de ellos repercute en múltiples violaciones. No se le puede decir a una persona: te respeto este derecho humano, este otro más o menos y aquel otro nada.
Una democracia de calidad implica reconocimiento y garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos. De todos los derechos humanos. Y el acceso a la información pública es uno de ellos. Ya nadie discute este carácter desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude Reyes y Otros vs. Chile" el 19 de septiembre de 2006 lo reconoció como derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El fallo, que tuvo gran repercusión internacional, incorporó varios estándares que ya habían sido reconocidos por otros organismos especializados, por ejemplo, el derecho de las personas -sin necesidad de acreditar un interés directo o una afectación personal- a solicitar información y reafirmó, asimismo, la obligación del Estado de suministrarla.
La doble vertiente de este derecho fundamental, como derecho individual de toda persona y como obligación positiva del Estado de entregar la información solicitada, salvo legítima restricción, provee la seguridad jurídica que reclama una democracia de calidad. Además, es instrumental, es decir, constituye un prerrequisito ineludible para poder ejercer otros derechos -tanto sociales como económicos- y para la efectiva participación ciudadana en las decisiones públicas.
Actualmente, 90 países del mundo cuentan con leyes que regulan el acceso a la información; de ellos, 14 son de Sudamérica y Centroamérica. Dada la relevancia de este derecho, algunos de estos países han creado entes autárquicos que funcionan como autoridad de aplicación. En la Argentina, el decreto 1172 de diciembre de 2003 impone al Poder Ejecutivo que los organismos bajo su jurisdicción respeten el derecho de toda persona de requerir, consultar o recibir información. Este decreto hace ya un par de años que ha dejado de cumplirse y la autoridad de aplicación que esa normativa designaba -la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia-, de la que fui su titular entre 2003 y 2009, ha sido desvirtuada y mandada a cumplir menesteres que nada tienen que ver con lo que el decreto indicaba. En cuanto a las provincias, algunas cuentan con una ley; Santa Fe y Salta tienen un decreto aplicable al Poder Ejecutivo provincial y unos pocos municipios han sancionado ordenanzas al respecto.
Si bien en algunos lugares hay esfuerzos y adelantos, en general, el cumplimiento de la normativa mencionada es dispar y limitado porque la cultura de la transparencia y de la participación, de la que el acceso a la información es un componente imprescindible, es directamente proporcional a la cultura cívica de la ciudadanía y al estado de desarrollo democrático de un país.
En cuanto a cultura cívica: el conocimiento de la ciudadanía sobre el acceso a la información como derecho es mínimo. El Informe del año 2002 sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas en la Argentina afirma que el 1% de los encuestados (sí, sólo el 1%) menciona el derecho a la información como un derecho relevante para la democracia. Y de ese porcentaje, sólo unos pocos saben cuáles son los canales adecuados para exigir información. Estos números no han variado en los últimos años. Y en cuanto a calidad democrática, ésta se mide por la calidad de las instituciones, es decir, por la forma en que quienes habitan una comunidad han sabido organizar su vida pública; son las reglas de juego y los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego. Huelga decir que también en este aspecto la debilidad es enorme.
Como se puede apreciar, hay una gran tarea pendiente que requiere decisión política de los actores gubernamentales y de compromiso leal, activo y sincero de todos los actores sociales. No alcanza con la sanción de una ley. No será suficiente porque el acceso a la información implica la modificación de comportamientos, hábitos y expectativas que trascienden su consagración en normas. El desafío consiste no solamente en generar transformaciones en el Estado, fundadas en que la información no es propiedad de los funcionarios, sino que es patrimonio de todos; también implica alentar el compromiso cívico, procurando que el derecho a saber se difunda horizontalmente como parte de una noción más amplia: una efectiva participación ciudadana en las decisiones públicas.
Hubo avances y retrocesos en este tema, pero falta mucho más porque se trata de un proceso complejo, de recreación de confianzas recíprocas en el que se van articulando reglas formales e informales mediante las cuales se estructuran las relaciones entre los agentes sociales. Es una construcción colectiva, que debe ser mirada con perspectiva histórica. Nadie puede mirar para otro lado, pero, sobre todo, el Gobierno no debe declamar derechos humanos, sino que las instituciones del Estado, que el Gobierno administra, deben ofrecer garantías para su ejercicio. El acceso a la información es un derecho humano más y no se respeta; por consiguiente, nadie en su sano juicio puede decir hoy que los derechos humanos tienen vigencia plena en la Argentina. Queda un largo camino por recorrer.
sábado, 30 de junio de 2012
Día Internacional del Servicio Público
Como miembro del Comité de Expertos en Administración Pública, participé en Nueva York en la Ceremonia de entrega de los premios el día 25 de junio y en el taller realizado el 26 y 27 sobre "Las instituciones y las capacidades de liderazgo para innovar y comprometer a los ciudadanos en la prestación de servicios públicos".
Para ver más sobre estos días ir a este link.
Además, visitar este link para ver las condiciones para aplicar al premio.
viernes, 4 de mayo de 2012
11a. Reunión del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas en Nueva York
En el mundo globalizado crece la conciencia de que son necesarias reglas de juego globales fundadas en valores. La economía ya no es el único criterio que se tiene en cuenta para medir los avances en el camino del desarrollo porque éste refiere, cada vez más, al conjunto de los progresos sociales, institucionales, políticos y humanos que un país debe hacer para dar a sus habitantes una vida más larga, más apacible, más feliz. En los últimos años, la mayor participación que se ha dado por fuera de los canales partidarios aparece asociada a la tendencia de fortalecimiento de las instancias de deliberación y decisión a nivel local. Una nueva cultura política puede comenzar desde lo local porque cuando los aspectos cuantitativos y cualitativos se integran en el territorio crece el interés de autoridades nacionales, internacionales, organismos multilaterales y de cooperación y aumentan las posibilidades de sostener el proceso. El compromiso ciudadano, que alude a una intervención ordenada de personas y organizaciones que acuerdan afrontar los obstáculos que pudieran existir y deciden cooperar con las acciones que lleva a cabo un gobierno se presenta como una de las mejores herramientas para la gestión del desarrollo local. Pero hay una condición esencial para que este compromiso pueda extenderse en toda su potencialidad: la transparencia y el acceso a la información. El conocimiento de antecedentes sobre prácticas de transparencia y de compromiso ciudadano ofrece lecciones para concertar formatos de gestión asociada y alianzas plurales que tramen una red actoral con creciente protagonismo de nuevos líderes para incidir en la elaboración de una agenda pública que de prioridad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El documento completo puede leerse aquí.
lunes, 1 de agosto de 2011
Rendición de cuentas y Acceso a la información: Las dos caras de una misma moneda
En Viena, entre el 11 y el 13 de julio, organizado por el Comité de Expertos en Administración Pública, se llevó a cabo el taller: Compromiso Ciudadano para mejorar la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas. El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Allí expuse sobre el siguiente tema: "Rendición de cuentas y Acceso a la información: Las dos caras de una misma moneda."
Entre otros conceptos afirmé que "Pretender que la gente colabore, que participe, sin darle la posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir NO SIRVE."
"El acceso a la a la información es un buen instrumento para controlar la gestión y fomentar la transparencia en las cuestiones públicas.Pero es necesario persuadir a gobernantes y gobernados que tener la posibilidad de acceder a la información pública es mucho más que eso. Es cuidar el patrimonio nacional, preservar y comprender la historia y las tradiciones, recuperar identidad, tener sentido de país. Por ello, legislar sobre este tema, si bien importante, no alcanza para expandir la plenitud del derecho si a su vez no se genera una sostenida conciencia de cómo afecta el secretismo público a nuestra vida cotidiana y si no se genera demanda de información por parte de la ciudadanía."
La presentación completa puede leerse aquí.
También en Viena, y como miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, el 14 de julio expuse en el 21° Simposio NU/INTOSAI 2011 (www.intosai.org) El tema del encuentro era: Prácticas efectivas de la cooperación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los ciudadanos para aumentar la rendición de cuentas de los servidores públicos.
Allí, desde una mirada ciudadana sostuve "El Estado debe tener el nivel de desempeño adecuado para ser promotor de desarrollo económico y equidad social como así también de ciudadanía política, civil, social y cultural. El buen o mal funcionamiento del Estado muestra qué calidad de democracia tenemos. Para abordar el desafío de una democracia de calidad es imprescindible construir ciudadanía y lograr la revalorización de la tarea de gobierno para provocar el compromiso cívico que dote a ciudadanos y ciudadanas de cuotas crecientes de responsabilidad en el proceso de las decisiones públicas".
Más información, aquí.
Allí expuse sobre el siguiente tema: "Rendición de cuentas y Acceso a la información: Las dos caras de una misma moneda."
Entre otros conceptos afirmé que "Pretender que la gente colabore, que participe, sin darle la posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir NO SIRVE."
"El acceso a la a la información es un buen instrumento para controlar la gestión y fomentar la transparencia en las cuestiones públicas.Pero es necesario persuadir a gobernantes y gobernados que tener la posibilidad de acceder a la información pública es mucho más que eso. Es cuidar el patrimonio nacional, preservar y comprender la historia y las tradiciones, recuperar identidad, tener sentido de país. Por ello, legislar sobre este tema, si bien importante, no alcanza para expandir la plenitud del derecho si a su vez no se genera una sostenida conciencia de cómo afecta el secretismo público a nuestra vida cotidiana y si no se genera demanda de información por parte de la ciudadanía."
La presentación completa puede leerse aquí.
También en Viena, y como miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, el 14 de julio expuse en el 21° Simposio NU/INTOSAI 2011 (www.intosai.org) El tema del encuentro era: Prácticas efectivas de la cooperación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los ciudadanos para aumentar la rendición de cuentas de los servidores públicos.
Allí, desde una mirada ciudadana sostuve "El Estado debe tener el nivel de desempeño adecuado para ser promotor de desarrollo económico y equidad social como así también de ciudadanía política, civil, social y cultural. El buen o mal funcionamiento del Estado muestra qué calidad de democracia tenemos. Para abordar el desafío de una democracia de calidad es imprescindible construir ciudadanía y lograr la revalorización de la tarea de gobierno para provocar el compromiso cívico que dote a ciudadanos y ciudadanas de cuotas crecientes de responsabilidad en el proceso de las decisiones públicas".
Más información, aquí.
martes, 12 de abril de 2011
Encuentro 2011 del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas
Como parte del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, participé del Encuentro Anual que se celebró en Nueva York entre los días 4 y 8 de abril del corriente año.
En las recomendaciones finales, entre otras cosas, se acordó:
-Promover las mejores iniciativas de las Administraciones Públicas de los países miembros a efectos instar a su replicabilidad.
-Difundir las condiciones del Premio Anual al Servicio Público otorgado por Naciones Unidas.
-Invitar al uso de las redes de Naciones Unidas en materia de Administración Pública (UNPAN) a efectos de facilitar la transferencia de conocimiento.
-Asistir en construcción de capacidades y herramientas de evaluación de gobierno electrónico y fortalecer la cooperación en materia de mejora de las políticas públicas a través de internet.
-Continuar la asistencia en análisis, opciones y construcción de capacidades en los países emergentes de conflictos.
-Profundizar actividades sobre la mejora en la prestación de servicios públicos, compromiso civico, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.
- Extender la transferencia de conocimiento a través del uso de UNPACS (estudios de Naciones Unidas sobre las Administraciones Públicas de los Países).
-Crear una plataforma on line para registro de programas de protección social.
-Proveer capacidades para organización de la información y manejo de archivos.
Para conocer más sobre el encuentro, pueden hacer click aquí.
En las recomendaciones finales, entre otras cosas, se acordó:-Promover las mejores iniciativas de las Administraciones Públicas de los países miembros a efectos instar a su replicabilidad.
-Difundir las condiciones del Premio Anual al Servicio Público otorgado por Naciones Unidas.
-Invitar al uso de las redes de Naciones Unidas en materia de Administración Pública (UNPAN) a efectos de facilitar la transferencia de conocimiento.
-Asistir en construcción de capacidades y herramientas de evaluación de gobierno electrónico y fortalecer la cooperación en materia de mejora de las políticas públicas a través de internet.
-Continuar la asistencia en análisis, opciones y construcción de capacidades en los países emergentes de conflictos.
-Profundizar actividades sobre la mejora en la prestación de servicios públicos, compromiso civico, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.
- Extender la transferencia de conocimiento a través del uso de UNPACS (estudios de Naciones Unidas sobre las Administraciones Públicas de los Países).
-Crear una plataforma on line para registro de programas de protección social.
-Proveer capacidades para organización de la información y manejo de archivos.
Para conocer más sobre el encuentro, pueden hacer click aquí.
martes, 11 de enero de 2011
María Elena Walsh
Esta tarde, al este y al oeste de la ciudad de Buenos Aires se vió venir una tormenta. Pensé que iban a llover flores celestes de jacarandá. Pero no, María Elena nos sorprendió una vez más; apareció un enorme arco iris. Imaginé que era ella saludándonos desde un ramillete de colores.
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